ASAJA Murcia exige una revisión de la normativa europea sobre nitratos para proteger la agricultura, la soberanía alimentaria y el futuro del campo.

Murcia, 16 de julio de 2026. ASAJA Murcia denuncia que la normativa europea sobre nitratos se está aplicando desde el desconocimiento de la realidad agronómica y productiva de la agricultura mediterránea, imponiendo restricciones generalizadas que ponen en riesgo la competitividad del sector, la rentabilidad de las explotaciones y la propia soberanía alimentaria de la Unión Europea.

La organización agraria recuerda que los agricultores murcianos llevan décadas modernizando sus explotaciones mediante sistemas de fertirrigación, agricultura de precisión, análisis de suelos y aguas, sensores y nuevas técnicas de abonado que han permitido mejorar notablemente la eficiencia en el uso de los fertilizantes. Sin embargo, la legislación europea continúa imponiendo limitaciones sin reconocer suficientemente estos avances tecnológicos.

ASAJA Murcia considera igualmente incoherente restringir el aprovechamiento agronómico de estiércoles y purines, recursos naturales plenamente compatibles con la economía circular, mientras el encarecimiento de los fertilizantes minerales incrementa los costes de producción y reduce la competitividad de las explotaciones.

Asimismo, reclama que la contaminación de las aguas se analice desde un enfoque integral y no atribuyendo sistemáticamente la responsabilidad a la agricultura. Entre otros factores, deben evaluarse los vertidos urbanos e industriales, las deficiencias en la depuración de aguas residuales, las fugas de redes de saneamiento, los suelos contaminados, los pasivos mineros y la contaminación histórica acumulada en los acuíferos.

La organización también cuestiona que se continúen imponiendo nuevas restricciones sin una evaluación técnica que tenga en cuenta las singularidades del clima mediterráneo, caracterizado por escasas precipitaciones, elevada evaporación y condiciones hidrogeológicas muy distintas de las existentes en el norte de Europa.La organización también reclama una mayor transparencia y rigor en los sistemas de medición utilizados para justificar nuevas restricciones. Resulta imprescindible que los datos obtenidos mediante muestreos realizados por empresas subcontratadas por la Administración, sean plenamente auditables, representativos y científicamente contrastables, de manera que las decisiones regulatorias se apoyen en información objetiva y verificable.

ASAJA Murcia lamenta la escasa capacidad de respuesta que, a su juicio, están mostrando tanto el Gobierno de España como las comunidades autónomas, al trasladar al ordenamiento interno las decisiones de la Comisión Europea sin defender con suficiente firmeza los intereses de la agricultura española ni rebatir, con argumentos técnicos y científicos, aquellas disposiciones que no se ajustan a la realidad productiva de nuestro país.

La organización considera que la protección del medio ambiente debe compatibilizarse con la viabilidad económica de las explotaciones y advierte de que una sucesión de normas cada vez más restrictivas puede provocar una pérdida de productividad, el abandono de explotaciones familiares y una creciente dependencia de importaciones procedentes de países que no están sujetos a las mismas exigencias ambientales y sociales. ASAJA Murcia advierte de que mantener esta tendencia supone poner en riesgo la productividad agraria, acelerar el abandono de explotaciones familiares, debilitar el tejido económico rural y reducir la capacidad de Europa para garantizar su propia soberanía alimentaria. Una Unión Europea cada vez más dependiente de importaciones de alimentos producidos bajo estándares inferiores, no solo traslada las emisiones y los impactos ambientales fuera de sus fronteras, sino que también compromete su seguridad estratégica y la estabilidad del suministro alimentario.

Por ello, ASAJA Murcia hace un llamamiento a los diputados del Parlamento Europeo para que ejerzan plenamente su función legislativa y corrijan aquellas iniciativas impulsadas por la Comisión Europea que resulten desproporcionadas, injustas o carentes de una base científica adaptada a las diferentes realidades agronómicas de la Unión.

Europa necesita una política agraria basada en la ciencia, la innovación y el conocimiento del territorio, no en decisiones burocráticas alejadas del campo. Defender a los agricultores y ganaderos europeos es defender la seguridad alimentaria, la soberanía estratégica y el futuro del medio rural.